Comunicado de los campesinos y campesinas de Colombia
29 de abril de 2020
Nosotros, campesinos y campesinas, ciudadanos y ciudadanas colombianos, hacemos un llamado para que el país ponga a la Economía Campesina Familiar y Comunitaria en el centro de las soluciones de la emergencia que atravesamos. La coyuntura actual hizo evidente que hemos postergado la solución de problemas estructurales de nuestra sociedad. Frente a la pandemia del COVID-19, seríamos menos vulnerables a una crisis alimentaria si contáramos con avances significativos en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano en diferentes procesos sociales durante más de 20 años. Estos procesos incluyen la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros puntos centrales del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
La Economía Campesina Familiar y Comunitaria tiene, de tiempo atrás, condiciones restringidas de acceso a la propiedad de la tierra, al crédito, a la asistencia técnica, a la comercialización y una infraestructura adecuada. En Colombia existen entre 2’000.000 y 2’500.000 predios sin formalizar. De estos, casi el 70% corresponden a predios de pequeños propietarios y poseedores campesinos. La situación con la titulación colectiva es igualmente precaria y preocupante: al año pasado se acumulaban más de 200 solicitudes sin resolver.
Aún con todas estas dificultades, el campesinado es hoy responsable de más del 70% de la producción de los alimentos que consumen los hogares del país (Procuraduría General de la Nación, Memorando No. 005 del 27 de marzo de 2020). Pero el panorama es alarmante. La devaluación del peso implicará alza en precios y restricciones de acceso para los alimentos importados, o que tienen un alto componente de insumos externos, y que representan al menos el 27% de la oferta. La vulnerabilidad alimentaria no es solamente un problema rural. Miles de colombianos hoy están pasando hambre en las ciudades. Por ello es necesario atender las propuestas del campesinado y construir los puentes entre los productores rurales y los consumidores urbanos, con prioridad en los sectores más vulnerables.
Los impactos del conflicto social y armado, que aún no cesa, afectan negativamente al campo y a las ciudades. La implementación del Acuerdo de Paz y la reforma rural integral son condiciones necesarias para garantizar y proteger el derecho humano a la alimentación. Reconocer esta realidad permite, asimismo, superar la actual encrucijada entre “paz-conflicto y pandemia”.
La pandemia y las medidas para su mitigación también afectan y en alto grado a las comunidades rurales y las familias campesinas, los territorios y las poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado, la pobreza, la marginalidad, la presencia de economías ilícitas y la debilidad institucional. Tanto por los riesgos a la salud, en territorios carentes de atención médica, como por la pérdida de ingresos, por cuenta del debilitamiento y eventuales restricciones en las cadenas de distribución, abastecimiento y comercialización de productos e insumos agropecuarios.
Los previsibles sobrecostos en la cadena de intermediación, así como el traslado de tasas de usura tanto en los insumos para los productores rurales como en los alimentos para los consumidores urbanos, son hoy una amenaza para el derecho a alimentario de toda la sociedad colombiana.
No es postergando la implementación integral del Acuerdo de Paz como se financia el camino para atender y salir de esta crisis y coyuntura. El camino eficaz y cierto, en el corto y mediano plazo, es que la sociedad colombiana reconozca y se apropie de la reforma rural integral y el fortalecimiento de la economía campesina como condiciones necesarias para la seguridad alimentaria de todos y todas.
Tal y como explícitamente se estableció en el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Punto 1.3.4.: “Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación: en desarrollo de la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural. La política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación de ingresos, y en general la creación de condiciones de bienestar mediante los planes nacionales de acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua potable, asistencia técnica y capacitación, mercadeo, crédito, la promoción de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, y demás planes establecidos en el presente acuerdo. Esta política reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en la contribución a la satisfacción del derecho a la alimentación”.
Por todo lo anterior, invitamos a construir un acuerdo nacional, amplio e incluyente, que ponga en marcha un proceso concreto y eficaz de fortalecimiento de la economía y producción campesina de alimentos y garantizar de manera progresiva y sostenible el derecho a la alimentación de la población rural y poblaciones y comunidades próximas a las zonas de producción y el adecuado abastecimiento, comercialización y distribución masiva de alimentos a los centros urbanos.
En este propósito, nos sumamos al requerimiento de “convocar de manera urgente una reunión de alto nivel de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional con las organizaciones campesinas firmantes de la carta enviada al Presidente de la Republica y al Procurador General de la Nación el pasado 20 de abril de 2020”.
Así mismo suscribimos las invitaciones a “Fortalecer la producción campesina de alimentos para la vida y la paz” y a “Proteger el campesinado para proteger la vida”.
Debemos proteger el campo y la economía campesina familiar y comunitaria como la base de seguridad y soberanía alimentaria y de la recuperación económica del país. Debemos rechazar la imposición de medidas que debilitan la producción campesina y aumentan los riesgos de hambre en el país.
FIRMAN
Grupo de Trabajo “Estudios Críticos de Desarrollo Rural” del CLACSO
História agrária / Rural Social History 